Un informe del Instituto Reuters propone varias medidas para promover el periodismo independiente en Europa

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (RISJ, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un informe en el que identifica varias medidas de carácter político que sería necesario adoptar por parte de la Comisión Europea y de los estados miembro de la Unión Europea para promover un entorno en el que pueda desarrollarse el periodismo independiente.

El informe –What can be done? Digital Media Policy Options for Europe (and beyond)– está firmado por Rasmus Kleis Nielsen, director del RISJ; Robert Gorwa, experto en la regulación de plataformas y en políticas digitales transnacionales, y Madeleine de Cock Buning, profesor en la Escuela de Gobernanza transnacional de la Universidad Europea.

De acuerdo con estos expertos, para que el periodismo independiente pueda progresar en los países europeos es necesario que la actividad disfrute de ciertas condiciones de libertad, financiación y futuro. Para lograrlo, la política mediática necesita proteger la independencia y libertad de expresión de periodistas y medios; promover un entorno sostenible para el negocio de la información, y orientarse hacia el mundo digital, móvil y enfocado hacia las plataformas –que es el que demandan las audiencias-, en vez de seguir pretendiendo proteger los medios de radiodifusión e impresos, que son parte del pasado.

El informe destaca que existen una serie de amenazas a la libertad de expresión y a la libertad de medios en varios países miembros de la Unión Europea. Como primer paso, es necesario solucionar esto, antes de adoptar otras medidas a más largo plazo.

El primer paso, a continuación, sería adoptar una serie de compromisos relativos a la protección de la libertad de expresión, la libertad de medios, la protección de los periodistas y la búsqueda de una independencia real tanto de los medios de servicio público como de los reguladores de medios.

En segunda instancia, el informe propone ligar la concesión de fondos europeos al cumplimiento, con una revisión anual, de unos objetivos  en materia de libertad de expresión y de libertad de medios.

Según Kleis Nielsen, Gorwa y de Cock Buning, los negocios de los medios de comunicación convencionales están declinando con rapidez y la financiación de periodistas y medios debe combinar nuevos negocios digitales de información y diferentes formas de apoyo público, incluidas las de medios públicos independientes y organizaciones sin ánimo de lucro.

El informe destaca tres medidas como las más prometedoras a la hora de facilitar la transición del sector a nuevos modelos de negocio. En primer lugar, la reforma y expansión de las formas de apoyo al sector privado de medios de comunicación para que puedan adaptarse al futuro digital del periodismo y no para proteger sus modelos del pasado. En segundo lugar, el reconocimiento y desarrollo del rol que los medios de información públicos pueden tener dentro de un sistema de medios de información que sirva para garantizar y proteger la democracia europea. Y, en último lugar, proponen la posibilidad de desarrollar una reforma legislativa que busque facilitar la creación y financiación de medios de información sin ánimo de lucro. Respecto al futuro del periodismo independiente, el informe señala que la evolución del sector en los últimos años comporta un riesgo importante para la democracia europea. Por ello deben buscarse formas y formatos innovadores y alternativos de difusión de noticias que la gente encuentre genuinamente atractivas y valiosas. Aunque avanzar hacia el futuro es responsabilidad sobre todo de la profesión y la industria, los legisladores pueden tener un rol en esta transformación y, para ello, hay que actuar en tres direcciones: que todos los actores compitan en igualdad de condiciones dentro del mercado digitalque se pueda proveer de fondos públicos para financiar la innovación en periodismo y en los medios de información para apoyar la transición digital, y garantizar que el ecosistema de medios, basado en plataformas, esté sujeto a un sistema transparente e inteligible de rendición de cuentas, que investigadores independientes tengan acceso a los datos de los medios para efectuar sus análisis y desarrollar proyectos de alfabetización mediática dirigidos a la educación de los ciudadanos europeos.

La Comisión Europea pide a las tecnológicas que intensifiquen sus esfuerzos contra la desinformación

La Comisión Europea ha publicado los primeros informes presentados por las compañías tecnológicas y plataformas que firmaron el código de prácticas contra la desinformación el pasado mes de octubre. Según ha informado la Comisión en un comunicado, acoge con satisfacción los progresos realizados, pero al mismo tiempo pide a los signatarios que intensifiquen sus esfuerzos especialmente en el período previo a las elecciones de la Unión Europea de este año.

A la vista de los informes presentados por las  compañías tecnológicas (Google, Facebook, Twitter, Mozilla) y las asociaciones comerciales del sector de la publicidad, la Comisión concluye que ha habido algunos avances, especialmente en la eliminación de cuentas falsas y la limitación de la visibilidad de los sitios que promueven la desinformación, sin embargo, se necesitan acciones adicionales para garantizar la total transparencia de los anuncios políticos al inicio de la campaña para las elecciones europeas en todos los Estados miembros de la UE; para permitir el acceso adecuado a los datos de las plataformas con fines de investigación, y para garantizar una cooperación adecuada entre las plataformas y Estados miembros individuales a través de puntos de contacto en el sistema de alerta rápida. La implementación de este sistema fue aprobada por la Comisión el pasado mes de diciembre. (Ver AQUÍ)

Para los próximos informes, la Comisión espera que Google, Facebook, Twitter y Mozilla desarrollen un enfoque más sistemático para permitir un seguimiento y evaluación adecuados y regulares, sobre la base de los datos de rendimiento apropiados.

El uso de internet por los españoles supera por poco la media europea

El 86% de los españoles entre 16 y 74 años utilizaron internet en los últimos tres meses, según los datos del centro estadístico Europeo Eurostat. Ese año, el porcentaje de los ciudadanos de la Unión Europea que lo hicieron fue del 85%.

Entre las actividades realizadas por los españoles en la red destaca la búsqueda de información sobre productos y servicios (72%), la utilización del correo electrónico (69%) y el visionado de videos tanto en servicios compartidos como comerciales (69%).

Entre las actividades para las que se hacía un menor uso de la red se encontraba la venta de productos y servicios (11%), el juego o la descarga de videojuegos (29%) y las llamadas de teléfono o video (33%).

Por la gran diferencia respecto al promedio europeo destaca el uso de internet para fijar citas médicas que en España lo hizo el año pasado un 36% de la población frente al 17% en la Unión Europea.

Un foro de debate pone de manifiesto la necesidad de unos ciudadanos formados para combatir las noticias falsas

Los riesgos de las noticias falsas en la sociedad democrática han sido el tema de un foro de debate “Noticias falsas. Confianza y configuración de la opinión pública en los tiempos de internet”, convocado por la Representación en España de la Unión Europea (UE) y la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (Denae) que tuvo lugar ayer en Madrid. Se trata del segundo en pocos días, tras el organizado la semana pasada por la entidad Red.es, dependiente del Ministerio de Industria.

Este encuentro coincide en el tiempo con los últimos días de la consulta pública que realiza la UE sobre este asunto y con los trabajos de un grupo de expertos de alto nivel que estudia el tema. Las conclusiones de ambos servirán para orientar la postura al respecto de la Unión.

El foro se organizó en tres mesas distintas –sobre la perspectiva sociopolítica, la de los medios de comunicación y la jurídica- y contó en la clausura con la presencia del secretario de estado de la Sociedad de la Información y  Agenda Digital, José María Lasalle.

En el transcurso de la primera mesa, la analista del Instituto Elcano Mira Milosevic  destacó que tras la confusión inicial entre noticias falsas, ciberataques y desinformación, las posiciones se inclinan ahora por considerar la desinformación como un fenómeno más amplio que las noticias falsas, y caracterizado por la existencia de una estrategia subyacente, que suele perseguir la desestabilización. “La misinformation se convierte en disinformation, cuando hay una estrategia detrás”, dijo Milosevic.

Francesc Vallés, director en la consultora Hill+Knowlton Strategies señaló que la globalización, la digitalización y la extensión de las redes sociales han provocado un aumento exponencial del fenómeno de las noticias falsas, agravado por la velocidad de transmisión y recepción de la información que impide procesarla y comprobarla. En este sentido, Vallés señaló que la forma de informarse se ha visto alterada en tres aspectos: desaparece el elemento de comparación, ya que, dice, es prácticamente imposible comprobar los hechos; ha disminuido la credibilidad de las fuentes de información, al ser más difícil saber quién dice qué, y  se ha extendido la desintermediación, como muestra la política a golpe de tuits.

Para el directivo de Hill+Knowlton estos cambios en la forma de informarse han impactado sobre el periodismo, al tiempo que alertó: “Si se profundiza y consolida la desintermediación, el periodismo se debilita y eso repercute en la calidad de la democracia”.

Abrió la mesa de los medios de comunicación el profesor Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra, matizando que en su opinión más que de noticias falsas debería hablarse de noticias falseadas, puesto que existe una intencionalidad detrás de ellas.

Salaverría pasó revista a los problemas que afectan a la información, como son la falta de transparencia sobre los emisores; la deficiente respuesta de los medios, al abandonar los filtros de calidad; la aparición de noticias falseadas en momentos especialmente delicados como las elecciones, y el efecto perverso de la combinación en el uso de algoritmos y la proliferación de información formalmente atractiva para el ciudadano. Además, el contexto indica, según él, que la situación puede ir a peor con la expansión de la inteligencia artificial, si en los criterios sigue primando la generación de tráfico sobre la veracidad de la información. A juicio del profesor de la Universidad de Navarra, todo esto “es grave para la sociedad, aunque puede ser bueno para el periodismo”, al hacer explícita la necesidad de su existencia.

En la mesa de los medios, la responsable de la compañía de publicidad digital Ligatus, Maylis Chevalier, se refirió al daño que el fenómeno de las noticias falsas provoca sobre el ecosistema  digital al coincidir con unos algoritmos que lo potencian. Pero, según la directiva de Ligatus, el problema no son los algoritmos en sí, sino sus creadores. “Demos a los algoritmos criterios periodísticos”, dice Chevalier, “es una gran oportunidad para el periodismo de calidad”.

Al abordarse los aspectos jurídicos del fenómeno de las noticias falsas, Vicente Moret, letrado de las Cortes, señaló que para afrontar este fenómeno se necesita actuar, en primer lugar, sobre la cultura digital de los ciudadanos, para pasar después a la necesaria autorregulación de los operadores y la exigencia de mayor transparencia en los algoritmos empleados en la distribución de información. Solo en cuarto lugar, señaló Moret, debe abordarse la regulación y hacerlo siempre teniendo en cuenta que no debe interferir en un proceso tan beneficioso como es el desarrollo de la digitalización e internet. Previamente, el letrado de la Cortes ya había señalado que “lo que no es legal offline no puede serlo online”, pero que para hacer cumplir esto se necesitan más herramientas que nuevas leyes.

Precisamente en la clausura del foro, el secretario de Estado José María Lasalle, volvió a referirse al papel de los ciudadanos y de las plataformas a la hora de combatir un escenario distorsionado por la desinformación deliberada, si bien reconoció que todavía no existe consenso para abordar el problema, debido a la gran cantidad de elementos que hay que considerar. De todas formas, Lasalle destacó que Europa se encontraba bien posicionada para liderar la reflexión sobre el mundo digital y los inconvenientes que le acechan, debido principalmente, a la pluralidad que caracteriza a Europa. Y en cualquier caso, las reformas que se hagan deberán ajustarse al conjunto de la UE, donde se está produciendo el proceso de reflexión y consulta antes mencionado.

Perspectiva DigiMedios

Varios de los intervinientes en el foro “Noticias falsas. Confianza y configuración de la opinión pública en los tiempos de internet” coincidieron al destacar la importancia de la formación de la ciudadanía a la hora de lidiar con el fenómeno de las noticias falsas, en particular, y del comportamiento en el mundo digital, en general.

Se trata de un aspecto más que evidente, aunque las perspectivas no sean todo lo halagüeñas que deberían, dada la ausencia de iniciativas formativas de calado –como campañas de alfabetización digital, por ejemplo-, pero también de debates sociales más amplios, más allá de la convocatoria de foros (sin duda útiles) más o menos especializados.

En el ámbito de la publicidad institucional nacional, por ejemplo, se echa en falta campañas para concienciar a la ciudadanía sobre hábitos sanos en materia de información en el mundo digital, al tiempo que se prevén dotaciones de 7 millones de euros para “informar a la Administración, empresas y ciudadanía de las diferentes acciones que se han puesto en marcha para la transformación digital del país”. En cualquier caso, no es competencia exclusiva de la Administración Central o autonómicas la realización de estas campañas, sino que debería extenderse también a medios y, sobre todo, a plataformas tecnológicas.

En cualquier caso, la experiencia vivida con la televisión, que llegó a tener una penetración prácticamente completa en la sociedad española, y a la que nunca se prestó la debida atención desde un punto de vista formativo  y de su influencia en los comportamientos ciudadanos, hace dudar del interés real de buena parte de los posicionamientos oficiales acerca de la lucha contra las noticias falsas y la necesidad de una ciudadanía más concienciada.

En este contexto no está de más recordar, como se hizo en el transcurso del foro, lo sucedido hace unos años cuando la oficina del Defensor del Pueblo recomendó a las administraciones nacional (entonces con un Gobierno del PSOE) y madrileña (con un Gobierno del PP) que arbitrarán los mecanismos necesarios para que, ante grandes concentraciones humanas y manifestaciones, ofrecieran una información veraz y unificada sobre las cifras de asistentes para evitar la sensación de desconcierto en la ciudadanía al recibir datos radicalmente distintos. Poco antes, un ciudadano había elevado una queja cuando la Delegación del Gobierno comunicó unos datos de asistencia a una manifestación de 76.875 personas, por los 550.000 calculados por la Comunidad de Madrid. La recomendación no tuvo ningún éxito.

Los españoles ven los medios plurales en lo editorial pero presionados política y económicamente

Un 57% de los españoles considera que los medios de comunicación del país ofrecen una diversidad de puntos de vista y de opiniones, si bien sólo el 21% piensa que esos medios proporcionan una información libre de presiones políticas y comerciales y, en el caso de los medios públicos, es únicamente el 20% quienes creen que su información está libre de presiones políticas. Los datos corresponden a un Eurobarómetro especial sobre Pluralismo de Medios, del que se anticiparon los datos para el conjunto de la Unión Europea a mediados de noviembre, durante la celebración de unas jornadas sobre el tema organizadas por la UE, y ahora se han distribuido los resultados individuales país por país.

En relación a la situación hace cinco años, el 21% considera que los medios son ahora más libres e independientes (el 25%, piensa que menos), mientras que el 34% cree que ahora ofrecen más puntos de vista y opiniones (el 13% que menos).

Por lo que se refiere a la fiabilidad de la información recibida de esos medios, mientras que el 59% no la considera fiable, el 38% cree que sí lo es. Cabe destacar que en este extremo los datos obtenidos en España son muy diferentes de los del conjunto de la Unión, donde el 53% se inclina por considerar la información recibida fiable, frente al 44% que piensa que no lo es.

Por medios y al igual que sucede en el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje de españoles que consideran fiable la radio (54%) es el más alto, seguido por los periódicos impresos o en internet (43%), la televisión (31%) y los medios sociales (26%).

Un estudio de la UE califica de alto riesgo para el pluralismo el grado de concentración de medios en España

La concentración de medios en España supone un alto riesgo para el pluralismo informativo, según se recoge en el Media Pluralism Monitor 2015, elaborado por el Centro para el Pluralismo de los Medios y la Libertad de Expresión (CMPF, por sus siglas en inglés), dependiente del Instituto de la Universidad Europea, de Florencia (Italia). El estudio, financiado por la Unión Europea, lo han realizado 18 equipos de investigación (1), pertenecientes a otros tantos países de la Unión. Un estudio adicional sobre Malta lo realizó personal del CMPF.

En una escala  que va desde riesgo despreciable hasta el 100% de riesgo, el estudio califica la situación en España en protección básica del 25% (riesgo bajo), del 34% (riesgo medio) para la independencia política y la integración social, y del 69% (riesgo alto) la correspondiente al pluralismo del mercado de los medios.

Esas cuatro áreas  recogían cada una los siguientes indicadores: 1) protección básica (protección de la libertad de expresión y del derecho a la información, protección y estándares de la profesión periodística e independencia de las autoridades nacionales);  2) pluralismo del mercado (transparencia en la propiedad y concentración, tanto en un medio como cruzada entre varios); 3) independencia política (parcialidad política hacia los medios; politización del control de los medios y de las redes de distribución;  publicidad institucional; independencia de la gestión y financiación de medios públicos; independencia de las agencias de noticias), y 4) integración social por los medios (acceso a los medios de grupos sociales y culturales; disponibilidad de plataformas para medios comunitarios; acceso a los medios para colectivos discapacitados; centralización del sistema de medios; cobertura universal de los medios públicos y de internet y alfabetización mediática).

Por lo que se refiere a los indicadores de protección básicos, el informe aprecia que los riesgos son despreciables o de baja intensidad en el caso de la protección existente a la libertad de expresión y al derecho a la información o en el caso de la independencia respecto a las autoridades nacionales, aunque señala la preocupación existente por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza” por los potenciales riesgos para el ejercicio de la actividad informativa.

Sin embargo, eleva el riesgo al nivel medio para la protección y los estándares de la profesión periodística. Ello se debe, según se recoge en el informe, a que si bien tanto sindicatos como asociaciones de periodistas denuncian las presiones ejercidas sobre los profesionales, en ambos casos carecen de mecanismos que les permitan asegurar la independencia de los periodistas. Además, debe destacarse que ni la Constitución ni otras leyes se refieren explícitamente a la protección de las fuentes periodísticas.

En el área del pluralismo del mercado, donde el informe califica la situación de España de riesgo alto, dos de los indicadores -los que miden la transparencia de la propiedad y la concentración- registran un nivel medio (50% y 58%, respectivamente). En el primer caso, debe señalarse que aún cuando existen ciertas normas que regulan la transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales, en el caso de los impresos y digitales son inexistentes y no hay requisito alguno. Lo mismo sucede para la concentración en un medio, pero en el caso audiovisual los porcentajes de concentración económica del mercado y de las audiencias elevan el nivel de riesgo.

Donde el informe marca el nivel máximo de riesgo (100%) es en el caso de la concentración cruzada entre varios medios, puesto que en España no existe ninguna regulación que limite la presencia simultánea en más de un mercado y solo existen indicaciones de que dicha presencia debe ser contemplada por los daños a la competencia en el caso de operaciones de concentración mediática.

En el capítulo de la influencia política, donde el informe aprecia un nivel de riesgo medio, se da el caso de que tres indicadores  se sitúan en un nivel bajo, por debajo del 33%, y son los de la  parcialidad política hacia los medios (29%) y la politización del control de los medios (31%) y de las redes de distribución (17%). Sin embargo, el riesgo es medio en el caso de la publicidad institucional (39%), la independencia de la gestión y la financiación de los medios públicos (50%) y la independencia de las agencias de noticias (38%).

En el caso de los medios públicos, se señala como motivos de riesgo la eliminación del consenso parlamentario a la hora de elegir los responsables de los medios públicos y la ineficiencia de los mecanismos de control de la gestión y la financiación de dichos medios.

Finalmente, y en lo que se refiere al papel integrador, tres indicadores muestran niveles de riesgo despreciables o bajos (acceso de colectivos discapacitados (sin riesgo apreciable), centralización del sistema de medios (25%) y cobertura de los medios públicos y de internet (19%), pero otros tres  registran niveles medios (el acceso de grupos sociales y culturales (35%) y la alfabetización mediática (50%)) e, incluso, alto, como es el 75% en la disponibilidad de plataformas para medios comunitarios.

(1) Luis Palacio, responsable de DigiMedios, ha participado en el equipo responsable de la realización del estudio en España, coordinado por el profesor Juan Luis Manfredi, de la Universidad de Castilla La Mancha.

 

Nuevo lobby de los editores de diarios en Bruselas, con participación de España

A partir del 1 de enero, una nueva organización representará los intereses de los editores de diarios en Europa. Se trata de News Media Europe, creada a comienzos de diciembre, y en la que participan las asociaciones nacionales -incluida la española AEDE- de once países, hasta ahora miembros de la European Newspapers Publisher´s Association (ENPA).

La nueva organización tiene por objetivo “representar y promover los intereses de la moderna industria de los medios informativos en la Unión Europea”, según ha expresado en un comunicado. De acuerdo con el mismo, News Media Europe será una organización inclusiva que explotará el dinamismo y la energía de los editores con planteamientos multiplataforma y que trabajará junto a los representantes de otras industrias creativas con valores y objetivos comunes.

Las asociaciones nacionales que han abandonado la ENPA son las de Bélgica (área flamenca), Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Holanda, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia. La presidencia estará integrada por Raoul Grunthal (Suecia), Guy Black (Reino Unido), Tom Nauta (Holanda) y  Fernando de Yarza López Madrazo (España), aunque será este quien la desempeñe en primer lugar.

La ruptura en el seno de la ENPA, calificada como “amistosa” en un comunicado de esta organización, se ha producido por las divergencias surgidas a lo largo del último año en relación a cuestiones relativas a la organización interna y a la renovación de los cargos directivos.

 

Comienzan a conocerse los test del monitor europeo del pluralismo informativo

La semana pasada se hizo público el informe correspondiente al Reino Unido de las pruebas piloto del Monitor del Pluralismo de los Medios, promovido por la Comisión Europea y que coordina el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios (CMPMF), dependiente del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

El citado Monitor se puso en marcha después de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea manifestasen su preocupación  en relación al pluralismo de los medios en Europa y tras encargar la Comisión un informe sobre la mejor forma de medir dicho pluralismo. Actualmente diferentes instituciones están desarrollando unas pruebas piloto con el fin de medir el pluralismo en Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia Hungría, Italia y el Reino Unido.

El pluralismo de medios, entendido como un objetivo político en las sociedades democráticas, trata de asegurar el acceso de los ciudadanos a una amplia variedad de fuentes de información, opiniones y posicionamientos y de reducir la influencia de las opiniones dominantes, de los gobiernos, pero también de particulares, en la formación de las opiniones públicas.

Para medirlo se han establecido 34 indicadores políticos, legales, económicos y sociopolíticos. Entre los primeros los hay que tratan de mostrar las salvaguardas existentes a la libertad de expresión, el derecho a la información o el acceso a los medios públicos. Entre los económicos los hay que buscan determinar el grado de concentración en la propiedad y en el reparto de las audiencias, y entre los sociopolíticos los hay que miden las garantías de los grupos con necesidades especiales o el control político sobre la propiedad de los medios o de las redes de distribución. Para cada uno de los indicadores se contemplan tres niveles: el riesgo bajo indica que no es necesario adoptar ninguna medida al respecto; el riesgo moderado implica que se precisa prestar atención al indicador y que es posible que sea necesario tomar alguna medida. El riesgo alto, finalmente, entraña que es preciso prestar una atención inmediata y promover las medidas necesarias para corregirlo.

En el caso del test del Reino Unido, desarrollado en colaboración con el Reuters Institute, se ha identificado que en un 62% de los indicadores el riesgo es bajo; que en el 20% hay un riesgo moderado o medio (por ejemplo en aspectos como en la salvaguarda de la profesión periodística o los sesgos políticos de los medios), y que en un 18% de los indicadores existe un riesgo alto (por ejemplo en la concentración de la propiedad en medios y plataformas o en las salvaguardas para el acceso a las emisiones de los medios públicos de grupos culturales o sociales).

Las asociaciones europeas de editores de diarios y revistas solicitan la reducción del IVA para la prensa digital

Tras la decisión francesa de rebajar el IVA de los medios digitales al mismo nivel que el de los impresos y la declaración conjunta de las ministras de cultura alemana (Monika Grütters) y francesa (Aurelie Filippetti) solicitando a las autoridades europeas un tipo reducido para el libro electrónico y la prensa digital, la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) y la Asociación Europea de Revistas (EMMA) han pedido a los gobiernos nacionales y a las autoridades europeas que actúen para permitir una reducción de los tipos de IVA de la prensa digital. Grütters y Filippetti hicieron esa petición tras la celebración de una cumbre ministerial germano-francesa la semana pasada en Paris.

La ENPA y la EMMA solicitan que se “apliquen las condiciones adecuadas en materia de IVA y adapten la legislación, con el fin de proporcionar un futuro sostenible para los modelos de negocio digitales en el sector de la prensa”.

El parlamento francés aprueba la rebaja del IVA de la prensa digital

El senado francés aprobó ayer (el congreso ya lo había hecho en enero) la proposición de ley que equipara el impuesto del valor añadido (IVA) de la prensa digital al vigente para la prensa impresa y que es del 2,1%. Hasta ahora, los medios digitales franceses estaban gravados con un IVA del 20%.

Con esta medida las autoridades franceses pretendían establecer la neutralidad tecnológica para la prensa, independientemente de que los contenidos se distribuyan en un soporte o en otro.

De todas formas con la aprobación de esta medida se abre la posibilidad de la intervención de las autoridades comunitarias, toda vez que es la competente en materia de armonización fiscal.